¿Es legal la firma electrónica en España?

Las normas que se aplican

La Ley 59/2003 de firma electrónica, que todavía aparece citada en muchos contratos y páginas web, ya no está vigente: la Ley 6/2020 la derogó expresamente. Si tu modelo de contrato la menciona, conviene actualizar la referencia.

Simple, avanzada y cualificada

eIDAS distingue tres niveles. Los tres son firmas electrónicas; lo que cambia es cuánto garantizan sobre la identidad del firmante y la integridad del documento.

• Firma electrónica simple (art. 3.10): “los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar”. Un nombre escrito, una firma dibujada en una pantalla o un clic en “firmar” encajan aquí.
• Firma electrónica avanzada (art. 26): además, está vinculada al firmante de manera única, permite identificarlo, se crea con datos que el firmante controla con un alto nivel de confianza y está ligada a los datos firmados de modo que cualquier cambio posterior sea detectable.
• Firma electrónica cualificada (art. 3.12): una firma avanzada creada con un dispositivo cualificado de creación de firma y basada en un certificado cualificado, emitido por un prestador incluido en la lista de confianza.

El apartado siguiente añade que “una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita”. Es decir: la cualificada equivale por ley a la firma a mano, y la simple y la avanzada son válidas, pero su fuerza depende de las pruebas que las acompañen.

Los contratos electrónicos en la LSSI

Para los contratos, la regla está en el artículo 23 de la LSSI: los contratos celebrados por vía electrónica “producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez”. No hace falta un acuerdo previo para usar medios electrónicos, y cuando la ley exige que un contrato conste por escrito, ese requisito se cumple con un soporte electrónico.

Si alguien impugna la firma

Aquí está la diferencia práctica entre niveles. La Ley 6/2020 reescribió el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y desde entonces el juego es este:

• Con una firma cualificada de un prestador que figura en la lista de confianza, se presume que el documento es auténtico. Quien la impugna tiene que demostrar lo contrario y, si la comprobación le da la razón al documento, paga las costas y puede recibir una multa de 300 a 1.200 euros.
• Con una firma simple o avanzada, quien presenta el documento tiene que probarlo, con un cotejo pericial o con cualquier otro medio útil. Si no lo consigue, el tribunal lo valora según las reglas de la sana crítica.

Por eso, con una firma simple, el valor está en las pruebas que la rodean: el consentimiento del firmante, cómo se le identificó, desde qué correo e IP firmó, a qué hora y si el documento cambió después. Un registro de auditoría ordenado es lo que convierte una firma simple en una prueba sólida.

Lo que no se firma así

La firma electrónica no cambia las formas que exige la ley. El artículo 23.4 de la LSSI deja fuera dos grupos:

• Derecho de familia y sucesiones. Las reglas de contratación electrónica de la LSSI no se aplican a esos contratos.
• Actos que exigen documento público o intervención de un tercero. Los contratos para los que la ley pide forma documental pública, o la intervención de jueces, notarios, registradores o autoridades públicas, se rigen por su propia legislación.

El artículo 1280 del Código Civil enumera actos que deben constar en documento público, como los que crean o transmiten derechos reales sobre inmuebles, ciertos arrendamientos de seis años o más que afectan a terceros, las capitulaciones matrimoniales o la cesión de derechos hereditarios. Para esos casos, firmar un PDF no sustituye a la escritura ante notario.

Cómo te ayuda SignMaster

SignMaster ofrece firma electrónica simple con registro de auditoría. No emite certificados cualificados ni crea firmas avanzadas o cualificadas en el sentido de eIDAS. Lo que sí hace es reunir las pruebas que pesan cuando una firma simple se discute:

• Consentimiento expreso. Antes de firmar, cada firmante acepta el uso de firmas electrónicas, con el aviso completo a un clic, en español si así lo eliges.
• Identificación. El enlace llega al correo del firmante, y puedes exigir un código de acceso: uno que compartes tú o uno de un solo uso que recibe por correo.
• Certificado de finalización. Anota nombre, correo, IP y dispositivo de cada firmante, y cuándo abrió, aceptó y firmó. Está en inglés.
• Integridad. El PDF final lleva una huella SHA-256, así que cualquier cambio posterior se puede detectar.

Si un trámite o la otra parte te exige una firma cualificada, usa un certificado de un prestador cualificado. Para el día a día de una pyme o un autónomo, como presupuestos, encargos, contratos de servicios o acuerdos de confidencialidad, la firma simple con buenas pruebas suele ser suficiente.